Las relaciones entre inquilinos y propietarios pueden desembocar a menudo en conflictos bastante complejos. Además, en casos de ocupación sin justo título (okupas); el proceso de desahucio presenta sus propios desafíos y complicaciones. En White-Baos Abogados, ofrecemos una asistencia integral en todos los procedimientos de desahucio del inquilino o del okupa. Desde requerimientos extrajudiciales hasta representación judicial.
Los procedimientos de desahucio son una herramienta legal esencial para los propietarios que se enfrentan a conflictos con sus inquilinos. Ya sea un alquiler de local comercial o de vivienda habitual. Cada situación requiere una estrategia específica. Comprender claramente los derechos y obligaciones de cada parte (propietarios e inquilinos) es esencial. Los principales motivos que pueden desembocar en un procedimiento de desahucio de inquilinos son:
Falta de Pago de la Renta mensual: Se tramita como juicio verbal. En principio, si el inquilino paga la deuda antes de la vista, puede evitar ser desahuciado (enervación del desahucio). Aunque hay excepciones. Si además del impago del alquiler, existen pendientes facturas de suministros y otros conceptos, la reclamación de estos se puede acumular a la petición de desahucio.
Expiración del Contrato: Si el contrato de arrendamiento llega a su fin y el inquilino continúa ocupando la vivienda sin un nuevo acuerdo, el propietario puede solicitar el desahucio.
Uso Indebido del Inmueble: El arrendador puede reclamar el desahucio si el inquilino usa la propiedad para fines distintos a los acordados: subarriendo ilegal, etc.
Necesidad del Propietario: Si el propietario necesita la vivienda para su uso personal o familiar (art. 9.3 LAU) y lo incluyó en el contrato, también es posible iniciar un proceso de desahucio.
Cuando la vivienda es ocupada sin contrato alguno, hay que prestar especial atención al tiempo que llevan los ocupantes en la propiedad. Si la ocupación es reciente (menos de un año) se puede utilizar el procedimiento verbal previsto en el art. 250.1.4 LEC, conocido como Tutela Sumaria de la Posesión. Por el contrario, para ocupaciones de más de un año, hay que acudir al procedimiento del art. 250.1.2 LEC, conocido como “Desahucio por precario”. En ambos casos, es esencial actuar con rapidez y contar con el asesoramiento adecuado para evitar retrasos innecesarios.
En la actualidad, junto a la demanda de desahucio, se debe aportar una certificación del Registro de la Propiedad que confirme si el propietario es gran tenedor o no. Además, cuando se acredite mediante un informe de Servicios Sociales que el ocupante está en una situación de vulnerabilidad; el juez puede ordenar que el procedimiento se paralice por un periodo de entre 2-4 meses.
Asimismo, los propietarios que sean considerados grandes tenedores (más de 5/10 inmuebles urbanos, según el caso, o más de 1.500 m² de superficie construida) deben hacer frente a una serie de requisitos adicionales. Deberán confirmar si el ocupante está en situación de vulnerabilidad económico-social o no. Están obligados a intentar una mediación/conciliación con el ocupante antes de acudir a los Tribunales. Etc.
Estas dos actuaciones, que sin duda se pasan por la cabeza de muchos propietarios, pueden provocar serios problemas. Ya que, en ambos casos, estas acciones podrías ser consideradas como delito. En el primer caso, delito de coacciones. Por otro lado, en el segundo, como allanamiento de morada. En ambos casos, castigadas con penas de prisión.
Si éste es su caso, o el de alguien que usted conoce, o si usted se problemas con su contrato de alquiler, con su casero o con su inquilino, no dude en contactarnos. Estaremos encantados de estudiar su caso de desahucio del inquilino o del okupa y ayudarle.
La información proporcionada en este artículo no pretende ser asesoramiento legal, simplemente transmite información relacionada con cuestiones legales.
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